Venezuela está atravesando procesos de decrecimiento económico lo que profundiza la crisis alimentaria y aumenta la violencia. Venezuela está viviendo la mayor crisis institucional, social, económica, política, moral, cultural de su historia, lo que incluye la pérdida de su capital humano por motivos de la emigración masiva y forzosa habida en los últimos años y también por la violencia, inseguridad ciudadana, por el incremento de la desigualdad social y la destrucción del Estado de Derecho. La crisis venezolana es una crisis de carácter multidimensional, la más profunda, compleja y larga de su historia moderna cuyas causas tienen que ver con la erosión continua de la institucionalidad, la pérdida progresiva de los valores democráticos, con el desdibujamiento del Estado y con el auge de un populismo autocrático que viola constantemente los principales derechos humanos. Ello sucede sin que en el país haya habido desastres naturales o conflictos bélicos. Los diversos programas sociales dirigidos a la soberanía alimentaria implementados durante las dos últimas décadas estuvieron atados a la volatilidad de los precios petroleros. Por otra parte, presentan un descuido extremo en cuanto a la calidad institucional de su gestión, se caracterizan por una acrecentada tendencia hacia la inefectividad y un agravamiento de la desprofesionalización de la administración pública. Ausencia de planificación y de evaluación desnudan las grandes y graves limitaciones de la gran mayoría de estos programas. Hoy en día el país está sumido en una crisis humanitaria compleja que ya lleva 5 años sin perspectivas claras de progreso. An Venez Nutr 2021; 34(1): 21-36.
Palabras clave: Planes y programas alimentarios, soberanía alimentaria, inseguridad alimentaria, derecho a la alimentación, Venezuela.
Venezuela is going through a process of economic decline, which is deepening the food crisis and increasing violence. Venezuela is experiencing the greatest institutional, social, economic, political, moral and cultural crisis in its history, which includes the loss of its human capital due to massive and forced emigration in recent years, as well as violence, citizen insecurity, increased social inequality and the destruction of the rule of law. The Venezuelan crisis is a multidimensional crisis, the deepest, most complex and longest in its modern history, the causes of which have to do with the continuous erosion of institutions, the progressive loss of democratic values, the blurring of the state and the rise of an autocratic populism that constantly violates the main human rights. This is happening without any natural disasters or armed conflicts in the country. The various social programs aimed at food sovereignty implemented over the last two decades have been tied to the volatility of oil prices. On the other hand, they show extreme neglect in terms of the institutional quality of their management and are characterized by an increased tendency towards ineffectiveness and a worsening of the de-professionalization of public administration. The absence of planning and evaluation reveal the great and serious limitations of the vast majority of these programs. The country is currently in the midst of a complex humanitarian crisis that has been going on for five years with no clear prospects for progress. An Venez Nutr 2021; 34(1): 21-36.
Key words: Food plans and feeding programs, food sovereignty, food insecurity, the right to food, Venezuela.
https://doi.org/10.54624/2021.34.1.004
Correspondencia: Thais Maingon, email: thelemaz@gmail.com
Venezuela, desde finales de los años 50, ha experimentado distintos modelos de política social en momentos históricos donde se definieron proyectos políticos y sociales diferentes. Brevemente se podría afirmar que el primer proyecto fraguado fue el de la industrialización (años 60), el segundo el del ajuste (años 90) y el tercero el del socialismo del siglo XXI (2000). Aunque separados en el tiempo, estos proyectos tienen un elemento, que los asemejan entre sí y da continuidad a una misma línea de pensamiento que persiste en el tiempo y es el que reza que la política social es un atenuante de los efectos de la política económica.
El país padece, desde hace siete años, una profunda recesión. La economía ha perdido 70% de su tamaño; sufre un proceso hiperinflacionario que lleva cuatro años consecutivos y una caída alarmante del Producto Territorial Bruto, debido a una merma significativa de la producción petrolera y el deterioro del resto de la producción nacional. Venezuela está viviendo la mayor crisis institucional, social, económica, política, moral, cultural de su historia, lo que incluye la pérdida de su capital humano por motivos de la emigración masiva y forzosa habida en los últimos años y también por la violencia, inseguridad ciudadana, por el incremento de la desigualdad social y la destrucción del Estado de Derecho.
En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas, declaró al país en situación de emergencia humanitaria compleja. Desde hace cinco años presenta hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas, insuficiencia y racionamiento de gasolina, precariedad e ineficiencia de los principales servicios básicos como el agua, la luz, el gas, la gasolina y sus derivados, con las consecuencias que trae para toda la población, especialmente, para los sectores más empobrecidos y vulnerables. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela registró, durante el primer semestre del año 2021, una tasa de desempleo que alcanzó 58%. Tasa que supera los niveles de desempleo de países pobres como Suráfrica (29%), Sudán (21%) y Armenia (17%) (1). El salario mínimo ya no representa el valor de las remuneraciones de los trabajadores y equivale aproximadamente a 1,50 USD y la moneda nacional sigue devaluándose continuamente. La canasta alimentaria en Venezuela que contiene 80 productos para una familia de cinco miembros cuesta alrededor de 300 USD.
Venezuela, para el año 2019 se encontraba entre los 41 países que requerían ayuda o asistencia alimentaria, siendo junto con Haití, el único país de América Latina y el Caribe que presenta esta situación. El poder de compra de los venezolanos sigue estando muy por debajo del costo de la canasta alimentaria.
La crisis venezolana es una crisis de carácter multidimensional, la más profunda, compleja y larga de su historia moderna cuyas causas tienen que ver con la erosión continua de la institucionalidad, la pérdida progresiva de los valores democráticos, con el desdibujamiento del Estado y con el auge de un populismo autocrático que viola constantemente los principales derechos humanos.
Una expresión de esta situación, entre tantas otras, es el decrecimiento sostenido, entre 2010 y 2018, del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Venezuela fue el país que presentó la mayor caída mundial de los valores de este Índice. Se ubicó por debajo de Siria, Yemen y Libia. Aponte (2) señala que ello evidencia una involución extrema, profunda y sostenida que el régimen ha atribuido a la caída de los precios petroleros y a las sanciones internacionales. Estos valores vienen descendiendo cinco años antes de la imposición de las primeras sanciones internacionales y ningún país exportador de petróleo bajó sus IDH durante este período (3). Ello sucede sin que en el país haya habido desastres naturales o conflictos bélicos, aunque sí hay una situación de violencia e inseguridad ciudadana. Los mecanismos básicos de control social no funcionan y la violencia, en todas sus expresiones, encuentra mayores espacios en donde actuar. 2020 cerro con 11.891 muertes violentas, lo que representa una tasa de 45,6% por cada 100.000 habitantes. Aunque la tasa de muertes violentas de ese año bajó respecto al año anterior en casi 15 puntos porcentuales (60,3%) sigue estando por encima de otros países de la región. Esta disminución, tal y como señala Briceño-León, se debe, por un lado, a la pandemia de COVID-19 que ha obligado a la población a guardar confinamientos lo que posiblemente haya tenido que ver con una reducción significativa de ciertas actividades criminales y, por el otro lado, podría ser atribuida a la emigración masiva de los últimos años (4).
Durante el año 2020 continuó el derrumbe de la producción petrolera y de la economía que cumple 8 años (2013-2021) consecutivos de recesión, con una caída acumulada del PIB per cápita cercana al 65%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, la última publicación del Banco Central de Venezuela señaló que la inflación en los primeros cinco meses de 2021 fue de 264,8%, y en el último año la inflación acumulada alcanzó 2.719,47% (5).
Venezuela será el único país de la región Latinoamérica que no registrará crecimiento económico durante el año 2021 y se anticipa una nueva caída de la actividad económica del 7%, ligada fundamentalmente a un descenso de la actividad de los sectores no petroleros (6).
Según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019/marzo 2020), el 96% de los hogares está en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema (7). Solo 3% de los hogares escapan de la inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, entre julio y septiembre de 2019, 9,3 millones de venezolanos sufren inseguridad alimentaria moderada o grave, 60% de la población ha tenido que recortar las porciones de los alimentos que comen diariamente (8).
Venezuela, según las cifras de ENCOVI 2019-2020, se ubica como el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina, con un Coeficiente Gini de 51,0. De acuerdo con esta Encuesta 96% de los hogares presenta pobreza de ingreso, 54% pobreza reciente y 41% está en situación de pobreza crónica. La pobreza multidimensional que está relacionada con indicadores como educación, estándar de vida, empleo, servicios públicos y vivienda, afecta a 64,8% de los hogares y creció 13,8% entre 2018 y 2019. 30% de los menores de 5 años presenta desnutrición crónica y 8% desnutrición global por indicador peso/edad. 28% de los menores de 5 años está en riesgo de desnutrición crónica y 21% en riesgo de desnutrición global (7).
Las políticas ejecutadas durante las últimas décadas y las que se están implementando hoy en día, están fuertemente asociadas y articuladas con el autoritarismo, clientelismo, corrupción, destrucción sistemática de oportunidades de desarrollo y refuerzan los vínculos de dependencia simbólica y real de la población con el ejecutivo.
La pandemia de COVID-19 impacta negativamente el PIB de los países latinoamericanos ocasionando, para el año 2020, una caída del 8,1%. Muchas de estas economías ya venían mostrando, antes de la pandemia, muchas debilidades y problemas económicos. La pandemia ha potenciado los problemas productivos y acentuado los conflictos sociales en casi todos los países de América Latina. Como muestran las cifras de la Figura l, Venezuela es el país de la región que ha registrado una mayor caída de su PIB. Este indicador viene decreciendo de forma continua desde al menos 2013 y las causas van más allá de esta pandemia (6).
La pandemia del COVID-19 en Venezuela, por un lado, potencia la crisis multidimensional, profundizando las desigualdades ya existentes en la sociedad. El régimen aprovecha esta situación para fortalecer sus rasgos autoritarios, incrementar la represión, censurar medios de comunicación, y ejecutar políticas públicas regresivas que descuidan a las grandes mayorías, vulnerando con ello los principales derechos humanos; por el otro lado, aumenta de manera dramática la inseguridad alimentaria ya que impacta directamente sobre los mercados locales de trabajo y en la producción de alimentos y otros productos y servicios, disminuye la disponibilidad de alimentos y aumentan sus precios. Se reportan, no solo en el país, sino a nivel mundial pérdida de ingresos y las remesas se han visto fuertemente reducidas por esta causa, lo que impacta negativamente en los hogares en cuanto a la adquisición de alimentos. A ello se le suma la depreciación monetaria y la hiperinflación que hacen que aumenten los costos de los alimentos importados, entre otros rublos.
No contribuye en nada, la escasez de combustible que restringe la circulación y distribución de alimentos propicia el cierre de mercados a cielo abiertos, limita el acceso a los insumos agrícolas para la producción afectando especialmente los alimentos perecederos de mayor valor nutritivo.
El Índice de Democracia Global 2020 (9) I, concluye que la pandemia del COVID-19 ha impulsado un retroceso sin precedentes de las libertades democráticas y aumentado las vulneraciones a los derechos humanos durante el año 2020. Según este Índice, el 49,4% de la población vive en algún tipo de democracia. Venezuela, junto con Nicaragua y Cuba son clasificados por este Índice como los únicos países autoritarios de la Región.
En la primera parte de este documento, se caracterizará, a grandes rasgos, la cuestión social implementada en Venezuela durante las dos últimas décadas, organizadas en tres períodos. El primer período de la gestión social implementada durante estas décadas va desde 1999 hasta 2002. El segundo período, comprende desde el año 2003 hasta el año 2014, es durante este período cuando surgen los programas y planes conocidos como las misiones sociales. El tercer período, va desde el 2015 hasta 2020, incluye, principalmente, los llamados nuevos planes sociales. En la segunda parte se expondrá un balance de la gestión social bolivariana, haciendo énfasis en el análisis del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional.
El punto de partida de la gestión social bolivariana es la Constitución de 1999 que representó avances importantes en cuanto al reconocimiento y garantías de los derechos sociales que fortalecen el desempeño de la democracia, la expansión de la ciudadanía, el establecimiento de condiciones mínimas para desarrollar una protección social universal, de calidad que mejorase significativamente las condiciones materiales de vida de todos los venezolanos. Se esperaba que a partir de lo estipulado en esta Constitución se estableciera un marco legítimo de actuación dirigido hacia el cambio de la cuestión social habida en las décadas anteriores y se caminara hacia la formulación y construcción de una política social universal e incluyente, de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, el rumbo adoptado por las administraciones bolivarianas no siguió la dirección que pautó esta Carta Magna. Desde el principio, tanto el debate constituyente, como las líneas de decisión de la implementación de lo social asumidas a lo largo de estas décadas, contravinieron y siguen quebrantando los lineamientos constitucionales.
No hubo un esfuerzo por definir una política social universal y eficiente. El objetivo, desde un principio, fue instalar un régimen de carácter popular lo que incluyó la colectivización de los medios sociales, económicos, políticos y culturales que actuaron en paralelo al orden institucional establecido con el objetivo de desplazar a los sectores sociales y económicos que no estuviesen alineados al régimen que se constituía con una alianza cívico-militar. De esta forma se formuló el Plan Bolívar 2000 que trazaría las principales estrategias de lo que sería el plan social para atender las necesidades más urgentes y dirigido hacia la población más necesitada, todo ello con un importante apoyo castrense.
En general, durante estas décadas hubo una proliferación exagerada de programas y planes sociales desarticulados entre sí y sus acciones estuvieron siempre en paralelo a la institucionalidad establecida, no contaron con seguimiento y monitoreo, muchos fueron transitorios y casuísticos, dependientes, en cuanto a su sostenibilidad, de los vaivenes de los ingresos petroleros, atados a la ideología chavista y con un marcado carácter de clientelismo político electoral. Por lo que difícilmente podrían ser considerados parte de los derechos humanos y menos aún como parte del ejercicio ciudadano.
Pasadas las administraciones del presidente Chávez y en el 8vo año del régimen de Maduro, se puede afirmar que lo dispuesto en la Constitución de 1999 está muy lejos de haberse cumplido. Las estrategias sociales anunciadas necesitan para su puesta en práctica de una legislación con sus respectivos reglamentos y este proceso, en la mayoría de los casos no se ha realizado, en otros se dio de manera tardía o incompleta (10) I. Los últimos años se han caracterizado por un debilitamiento profundo y continuado de la institucionalidad, de la integración y de la cohesión social de los venezolanos.
Desde 1999 hasta el anuncio de la creación de las primeras misiones sociales -Barrio Adentro y Robinsonen el año 2003, la cuestión social se caracterizó por la continuidad de los criterios y prácticas de los gobiernos anteriores. Las misiones sociales son un conjunto de programas y estrategias que van más allá de lo social propiamente dicho. La mayoría de ellas fueron financiadas por la compañía nacional de Petróleos de Venezuela y estuvieron diseñadas para cubrir las principales necesidades básicas de la población a través del acceso a servicios de salud, alimentación, educación, vivienda.
Sin embargo, desde el inicio fue evidente la debilidad de los diseños programáticos de estos planes sociales. Destacaron dos programas que se diferenciaban de las prácticas del pasado. El primero, fue el Plan Bolívar 2000 que involucró para su ejecución una alianza cívico-militar y estuvo activo hasta el año 2002 y fue puesto en práctica a través de numerosos operativos de emergencia social desplegados por la Fuerza Armada en diferentes zonas del país. Al Plan Bolívar 2000 le fueron asignados abundantes recursos y sus resultados fueron muy limitados.
El segundo programa fue la creación del Fondo Único Social. Bajo esta figura se pretendió reunir una variedad de programas sociales con el objetivo de unificarlos organizativamente para establecer prioridades y racionalizar el gasto. El resultado fue una incoherencia organizativa, improvisación y corrupción.
A partir de 2003, las misiones se constituyeron en el emblema y referente principal con el que se identificó la cuestión social de las gestiones presidenciales de Hugo Chávez. Estas estrategias estuvieron dirigidas a masificar programas educativos, de salud, alimentarios en los sectores populares utilizando el Convenio Cuba- Venezuela firmado en el 2000. Las primeras 16 misiones creadas durante estos años contaron con el apoyo de los militares, personal cubano y voluntarios comunitarios.
Las misiones fueron constituidas al margen de la institucionalidad. Se caracterizaron por la falta de coordinación, duplicación de costos, falta de seguimiento y evaluación, corrupción, lo que, por una parte, lejos de favorecer la gestión social la complicó y, por otra parte, impidió que se formulara una política social con carácter universal, coherente y viable. La insurgencia de esta variedad de programas (10-12) II, hizo que lo propiamente social se desvaneciera, se desdibujara. Lo social perdió especificidad y deliberadamente o no, se confundió con todas las políticas públicas que fueron establecidas durante estos años. Por otro lado, varios estudios demostraron cómo a través de estos programas el régimen capturó la participación electoral (11). (Cuadros 1 y 2)
Tres de estas 16 misiones, el 19%, tenían objetivos claramente dirigidos a la seguridad alimentaria y nutricional. Estas misiones son: Cristo, Mercal y Guaicaipuro I, de estas tres, solo la misión Mercal se sostuvo en el tiempo las otras dos desaparecieron.
Mercal (Mercado de Alimentos) fue creada en abril de 2003 como respuesta a los problemas de abastecimiento ocasionados por el paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003. Fue diseñada como una compleja red de almacenamiento y distribución de alimentos esenciales a precios subsidiados con el fin de garantizar la disponibilidad de los productos en situaciones de emergencia política y social, pero rápidamente se convirtió en un programa masivo solo de distribución de alimentos y con un sesgo marcadamente clientelar. En el 2004 este programa y otros como las casas de alimentación formaron parte de la misión Alimentación. Para finales de 2003 llegó a tener una cobertura de medio millón de beneficiarios y contó con ingentes recursos financieros (12,13). En 2016 esta misión fue sustituida por el programa Comité Local de Abastecimiento y producción (CLAP). (Cuadros 1 y 2).
Entre 2005 y 2012 fueron creadas 33 misiones y de entre estas se podría inferir que cinco tienen un componente dirigido a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Estas son la misión Negra Hipólita dirigida a proveer alimentos a las personas en situación de calle, la misión Madre que asiste a las jóvenes en embarazo precoz, la misión José Gregorio Hernández dirigida a personas con discapacidad, la misión Niño Jesús para la atención de madres embarazadas y niños recién nacidos y por último está la gran misión Agro Venezuela que enuncia el deseo de convertir al país en una potencia agroalimentaria (Cuadros 1 y 2).
Difícilmente se puede conocer cuántas de estas misiones sociales dirigidas a la seguridad alimentaria siguen funcionando, cuáles fueron sus alcances y beneficiarios. No hay información pública al respecto.
Entre 2013 y 2019 fueron anunciadas 17 misiones de entre estas solo una, la llamada Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro creada en 2016, está dirigida a la seguridad alimentaria. Es en esta misión en donde se adscribe el programa de distribución subsidiada de alimentos, conocido por sus siglas como CLAP (Comité local de abastecimiento y producción) (12). Este programa, que aún hoy en día se mantiene, es producto del deterioro de las condiciones sociales y económicas, de la hiperinflación, de la desaparición e ineficiencia de los diversos programas dirigidos a la protección alimentaria de grupos vulnerables. A finales de 2017, el ejecutivo inicia la asignación de los llamados bonos sociales a través de la plataforma digital patria. org. La asignación de estos bonos continúa hasta hoy día, es discrecional e irregular. Desde el año 2020 no ha sido anunciada ninguna nueva misión (14). ) Cuadro 3)
El programa de distribución de alimentos, mejor conocido como, cajas o bolsas CLAP, funciona a nivel local, sectorial o casa por casa y entrega alimentos subsidiados considerados de primera necesidad y en su mayoría son productos alimenticios importados de México, Brasil y Turquía. Desde 2016, la cuestión social se reduce a este programa y desde enero de 2017, se complementa con las transferencias monetarias que realiza el ejecutivo a través de la plataforma virtual patria.org y el carnet de la patria. Para recibir el beneficio de las cajas/bolsas CLAP se debe tener el carnet de la patria y estar registrados en la plataforma digital patria. org.
La logística de la distribución se hace a través de las organizaciones locales, comunales o comunitarias y en un principio las entregas eran mensuales, con el tiempo estas entregas se han vuelto erráticas. Se supone que este programa debía promover la producción de alimentos, pero no se tienen datos sobre ello (12) señala que cada bolsa o caja CLAP tenía previsto contener aproximadamente 16 kilos distribuidos entre 7 y 12 productos alimenticios. Con el tiempo, la tendencia ha sido hacia la reducción de los productos en cuanto a su peso y variedad. Entre los productos que contienen estas cajas están harina de maíz, pasta, arroz, leguminosas (caraotas, lentejas) azúcar, leche en polvo, aceite vegetal, con menos frecuencia, latas de atún o sardinas. Es evidente la preeminencia de los carbohidratos por sobre las proteínas y los vegetales, y cubre entre 17 y 18% de los requerimientos nutricionales (8), lo que contribuye a que la mayoría de los sectores pobres y vulnerables estén subnutridos, mal nutridos y en otros casos con sobrepeso.
En cuanto a la cobertura y número de beneficiarios de este programa, los datos que registran las Encuestas de Condiciones de Vida (7,13) para 2017, 87% de los hogares recibió en alguna ocasión una caja/bolsa CLAP, para el 2018 esta cifra subió a 95%. Solo 41% recibió estas cajas mensualmente, 15%, con una frecuencia bimensual, y 43% con ninguna periodicidad. Entre noviembre 2019 y marzo 2020 el promedio del tiempo de recepción de las cajas de alimentos CLAP fue de 45 días. El promedio de miembros por familia que se beneficia de este programa es de 4 personas.
A finales de 2016, el ejecutivo anunció (15-17), que para seguir recibiendo los beneficios del CLAP y de otros programas sociales, era obligatorio obtener el llamado Carnet de la Patria y registrarse con el código QR en la plataforma patria.org. Se presentó este carnet como una tarjeta electrónica cuyo objetivo sería el de racionar los alimentos distribuidos a través de los CLAP y otros programas sociales. Para el registro hay que responder preguntas sobre el status socioeconómico, el número de miembros por hogar entre otras cuestiones relativas a los beneficiarios y sus afiliados.
A través de este carnet los registrados reciben transferencias monetarias/bonos sociales correspondientes a una variedad de misiones y programas sociales como la misión José Gregorio Hernández (personas con discapacidad), Plan parto humanizado, hogares de la patria, amor mayor (pensiones), bono de la guerra económica, Simón Rodríguez y otros.
Hay un desconocimiento sobre el origen de los recursos para la sostenibilidad de los beneficios que otorga el ejecutivo a través de este carnet, así como su adscripción institucional. Es imposible hacerle seguimiento y monitoreo y menos contraloría social. Transparencia Venezuela señala que el régimen exige también el carnet de la patria para tener acceso a diferentes servicios de carácter público. Es así como a través de este instrumento se vulneran los derechos humanos a la alimentación y nutrición, entre otros derechos (14).
Por otro lado, el programa CLAP, con todas sus deficiencias, resulta una ayuda significativa para el complemento de la alimentación de una gran parte de las familias de menores recursos y más aún en medio de la grave situación socioeconómica por la que está atravesando el país, y ello podría explicar la aceptación y las altas cifras de registros en la plataforma patria.org.
El programa de transferencias monetarias o bonos sociales gubernamentales que se reciben según población registrada y seleccionada de forma arbitraria, a través de la plataforma patria.org se inició, a finales de 2017 y son definidos como complemento al programa CLAP.
Según Aponte (14), para septiembre de 2018, 75% de los adultos venezolanos estaba inscrito en esta plataforma. 91% de los hogares tenía al menos 1 miembro afiliado al programa CLAP lo que le permite el acceso a las transferencias monetarias que se realizan a través de esta plataforma. Al respecto, España (15) señala que 45% del ingreso de los hogares en situación de pobreza extrema proviene de estos bonos sociales. El 33% de los ingresos de los hogares no pobres proviene de estas transferencias gubernamentales. El subsidio de las cajas CLAP se complementa con las transferencias monetarias gubernamentales que son importantes para las familias de memores recursos aun cuando son insuficientes para la adquisición de la canasta básica alimenticia.
A partir de 2017, momento en que despega la hiperinflación en Venezuela, habiendo sido el país declarado en emergencia humanitaria compleja desde 2015, las misiones sociales pierden toda relevancia y cobertura y es cuando adquiere importancia las transferencias monetarias y la distribución de los alimentos subsidiados a través de los CLAP. Desde 2018 hasta 2021 aumenta en número los bonos sociales, aunque ello no tiene mayor impacto en la disminución de la pobreza.
Estos bonos siguen hasta hoy día, expandiéndose y diversificándose. Aponte (14), distingue 4 clases bonos: de protección social, de atención social, de apoyo económico y especiales. Estas transferencias monetarias, la mayoría de las veces superan el salario mínimo, y como señala Aponte “El empobrecimiento de los venezolanos desde 2013 ha sido más que extremo; difícilmente haya otro caso semejante de retroceso del ingreso nacional y laboral de la población en América Latina desde inicios del siglo XX, deterioro que -como vemos- en poco compensan los bonos sociales.” (p. 12)
Los hogares en situación de pobreza dependen cada vez más de la entrega de estos bonos, que según ENCOVI 2019/2020 (7) representan 25% del ingreso familiar total anual. Desde el 2018 estos aportes se duplicaron respecto del total del ingreso y oscilaron entre 1 y 5 dólares, pero estas transferencias apenas redujeron en 1,5% la pobreza extrema. En cuanto al programa CLAP, esta encuesta revela que hubo un aumento de 4%, en el año 2019 del número de los beneficiarios respecto al año anterior. Es así como en 2019 la cobertura llegó al 92%. El estudio precisa que el subsidio implícito entre el valor real y lo que los beneficiarios pagan por la caja/ bolsa CLAP es de 10,3 dólares.
Finalmente, es de destacar que en la entrega de estos bonos no hay una caracterización precisa sobre los beneficiarios, así como tampoco existe una definición de la población objetivo ni criterios para su selección. Este proceder va en contra de las precisiones y definiciones mínimas de cualquier programa social, lo que dificulta su seguimiento y evaluación y se presta, muy fácilmente, a ser objeto de corrupción, como ha pasado con la mayoría de los otros programas.
El valor del salario mínimo está alrededor de 2 dólares. El salario en Venezuela se ha venido precarizándose continuamente y perdiendo valor con respecto al dólar. Los ingresos de la gran mayoría de los venezolanos siguen siendo en bolívares y el aumento del valor del dólar tiene como consecuencia una pérdida considerable del poder de compra. El monto del salario mínimo no alcanza para subsistir. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) señaló que el precio de la Canasta Alimentaria Familiar para el mes de julio de 2021, se ubicó en 313 dólares. Se requieren 160.97 salarios mínimos mensuales, para cubrir su costo. En un contexto de hiperinflación y constante devaluación de la moneda nacional, el valor del salario mínimo ya no es una referencia del ingreso de la población.
Las transferencias monetarias realizadas por el ejecutivo a través del sistema patria.org han venido funcionando como complemento del salario. Entre 2019 y 2021 hubo cuatro aumentos salariales. En el año 2018 hubo un total de 10 aumentos que coincidieron con la reconversión monetaria. Los bonos sociales sustituyen en alguna medida los aumentos salariales, pero de forma discrecional, con mucha opacidad, improvisación, irregularidad. Además, tienen un fuerte carácter clientelar, fomentan exponencialmente la corrupción, la exclusión y la desigualdad y vulneran los derechos humanos al acceso oportuno y de calidad a la alimentación. Son programas sociales que no están sustentados en una política social coherente, universal, por lo tanto, no responden a las necesidades de un país que está en emergencia humanitaria compleja.
El último Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo (2017), señala que, en Venezuela, entre 2014 y 2016, creció el porcentaje de población subalimentada, que pasó de 10% a 13%, ello significa que aproximadamente 4,1 millones de venezolanos se encontraba para esos años en situación de hambre (15). Esta situación viene sucediendo años antes de la implementación de las primeras sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos entre otros.
Entre 2010 y 2012, la prevalencia de la subalimentación en Venezuela había aumentado de 2,5% a 31,4% para el período 2017-2019 (17). La crisis multidimensional contribuye a disminuir los niveles y la calidad de la seguridad alimentaria y nutricional. La mayor parte del suministro de los alimentos son importados y la devaluación continua de la moneda nacional hace que estas sean cada vez más costosas y la hiperinflación limita el poder adquisitivo de los hogares lo que hace que disminuya la capacidad para acceder a los alimentos y otros productos básicos.
La creciente inseguridad alimentaria unida a la deficiencia del funcionamiento de los servicios públicos básicos como agua, electricidad, gas, transporte, gasolina, potencia la crisis multidimensional por la que está pasando el país. Ello limita el ejercicio de los derechos humanos y vulnera el derecho a una alimentación saludable, como lo consagra el artículo 305 de la Constitución de 1999.
Ante el silencio absoluto por parte del ejecutivo nacional de publicación de estadísticas oficiales que den cuenta sobre el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela, son los reportes de los organismos internacionales, los informes de organizaciones independientes y las organizaciones no gubernamentales, los que a partir de sus propias pesquisas dan información sobre esta situación.
El último informe sobre Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, publicado en febrero de 2020, reportó que, aproximadamente, nueve millones de venezolanos no tuvieron acceso a alimentos, porque no tenían los ingresos suficientes para poder comprarlos. Esta situación ha empeorado a medida que el impacto de la hiperinflación se agudiza y se prolonga en el tiempo, haciendo cada vez más difícil cubrir las necesidades y servicios más esenciales. El 60 % de la población se ha visto en la necesidad de reducir la cantidad de comida. De acuerdo con esta información el 7,9% de la población (2,3 millones de personas) se encuentra en inseguridad alimentaria severa. Mientras que 24% (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Es decir, una de cada tres personas (32,3%) está en una situación de inseguridad alimentaria y por tanto necesita ayuda humanitaria (8).
Los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y nutricional (OVSAN) (18) revelan que solo el 9% de los venezolanos tiene seguridad alimentaria. Otros datos para destacar se refieren a que 56% de la población está usando sus ahorros para comprar alimentos, 55% reduce el consumo de alimentos, 44% paga sus alimentos con trabajo, 51% tuvo que pedir prestado dinero para comprar alimentos. Los estados que están en situación más grave en cuanto a inseguridad alimentaria son Amazonas (83%), Apure (53%), Delta Amacuro (50%), Falcón (53,9%), Delta Amacuro (50%) y Yaracuy (40%) (18).
La nutricionista Susana Rafalli señaló que la desnutrición en el país ha venido aumentando desde el año 2017 y desde el 2020 está fuertemente asociada a los efectos de la pandemia del COVID-19. A juicio de Rafalli, la oferta alimentaria del Estado venezolano tiene un déficit de 20-25% debido principalmente al deterioro del aparato productivo nacional. El acceso a los alimentos está seriamente comprometido, por un lado, por la escasez y racionamiento de combustible, y por el otro lado, por el bajísimo poder de compra del salario mínimo. Enfatiza Rafalli que “ni sumando los bonos, ni sumando los alimentos subsidiados de la caja CLAP, y el salario mínimo se llega a tener siquiera 30% de la canasta del grupo de alimentos mínimo que una familia en Venezuela necesita, y eso, por definición es una inseguridad alimentaria muy severa” (16).
Los datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), muestran que desde el año 2015, viene disminuyendo notoriamente, el consumo de carne por parte de los venezolanos. El consumo bajó, abruptamente, en 14 kilos respecto al año anterior. En 2016, esta cifra bajó 7 kilos por persona al año respecto al 2015. Esta tendencia se mantiene a la baja durante los 5 años siguientes, alcanzando un mínimo de consumo, en promedio, de 3 kilos de carne per cápita al año, como se puede observar en la figura 2 (17,19, 20). Venezuela pasó a ocupar el último puesto en cuanto al promedio anual de consumo de carne per cápita en el año 2020 del continente suramericano. En el año 2012, Venezuela promedió un consumo de carne anual de 65 kilos (20).
Esta disminución progresiva del consumo de carne por parte de los venezolanos se debe principalmente al bajo poder adquisitivo de la población y a la caída permanente de la producción nacional. De acuerdo con los datos registrados por el equipo periodístico Cotejo. info en alianza con El Diario, el precio de la carne en Venezuela es el más bajo de la región, el ganado de a pie (a puerta de granja) se paga en 0,90 centavos de dólar el kilo, este precio es inferior al de Colombia, que es de 1,50. En las carnicerías venezolanas un kilo de carne cuesta aproximadamente, 4 USD, en Argentina 7,9 USD, en Brasil, 5,5 USD. Ello ha “llevado a los venezolanos a comer menos carne que el resto de Suramérica y de las naciones africanas” (20).
Esta situación ha obligado a los venezolanos a cambiar sus hábitos alimenticios y ha generado una tendencia hacia la disminución de consumo de proteínas animales lo que impacta negativamente la seguridad alimentaria y estado de salud de la población.
El último Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias publicado en el año 2020 (21), basado en datos de 2019, califica a Venezuela como el cuarto país con la peor crisis alimentaria del mundo y va más lejos cuando afirma que la situación de inseguridad alimentaria del país es más grave que la de Etiopía, Haití, Nigeria y Sudan, países que han sufrido catástrofes naturales o conflictos bélicos/guerras civiles. Destaca que el estado de la seguridad alimentaria de Venezuela, a pesar de no contar con datos oficiales para este estudio, pudo presentarse en el informe haciendo uso de la evaluación de la situación alimentaria realizada en el año 2019 por el Programa Mundial de Alimentos (21).
Según este informe, solo tres países superan a Venezuela, Yemen (15.9 millones), República Democrática del Congo (15.6 millones) y Afganistán (11.3 millones). Los conflictos nacionales e internacionales, los climas extremos y los problemas económicos se presentan como los principales detonadores de las crisis alimentarias en el continente africano. En el caso de Latinoamérica son, principalmente, los problemas económicos y políticos los principales impulsores de estas crisis, ello es así en el caso de Venezuela y su agudización es evidente por el impacto de la pandemia de COVID-19 (21).
En octubre de 2020, Caritas de Venezuela señaló que hubo una pérdida involuntaria de más de 10% del peso corporal de los niños venezolanos y subrayó que la desnutrición en niños menores de cinco años llegó a 73% (16). Esto significa que difícilmente estos niños podrán recuperar su peso y las consecuencias de ello se manifestarán en el retardo del desempeño escolar y otros problemas de salud que podrían sufrir cuando sean adultos.
En este balance es indispensable mencionar que las expropiaciones y las llamadas nacionalizaciones de empresas, pertenecientes a sectores definidos como estratégicos por el ejecutivo, como el petrolero, eléctrico, telecomunicaciones y agroalimentario que se hicieron desde la segunda administración del presidente Chávez (2006-2010), tuvieron un impacto negativo en la calidad de vida de la gran mayoría de la población venezolana y este impacto se sintió más profundamente en los sectores vulnerables.
El ejecutivo argumentó que la expropiación de las empresas agroalimentarias fue con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria del país. En cuanto al sector agroalimentario, fueron expropiadas y nacionalizadas empresas productoras de café, cadenas frigoríficas de alimentos y productores de lácteos, plantas procesadoras de arroz y otras leguminosas, hectáreas de tierras con desarrollos agrícolas y pecuarios, cultivables y cultivadas, plantas productoras de pasta (nacionales e internacionales), entre otras. El Estado tomó el control de plantas compresoras de gas de capital estadounidense, centrales azucareras, una de ellas de capital colombiano, galpones de almacenamiento y procesamiento de alimentos de la mayor empresa nacional y de otras empresas de alimentos de capital mexicano. Así como la nacionalización de la principal empresa distribuidora de productos para el campo, de capital español, con 82 puntos de venta y ocho silos en todo el país. En otras ocasiones el ejecutivo anunció “la adquisición forzosa” de empresas fabricantes de envases de aluminio y cartón para alimentos y de la empresa líder en la fabricación de envases de vidrio para bebidas, alimentos y medicamentos. La acusación que hizo el ejecutivo contra estas y otras empresas pertenecientes al sector agroalimentario fue que estas empresas fomentaban el desabastecimiento y violaban la ley de producción de alimentos al no respetar los precios regulados.
Las empresas expropiadas representaron aproximadamente el 80% de la producción nacional de alimentos del país. Hoy en día las consecuencias de estas políticas erróneas saltan a la vista, la mayoría de los bienes inmuebles, los sistemas de distribución, los almacenes, maquinarias industriales, la infraestructura de estas empresas no están operativos y se encuentran en un estado de total abandono a la par que dejaron a miles de trabajadores sin empleo lo que causó un impacto directo sobre el aumento de los hogares en situación de pobreza.
De acuerdo con la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción (22), que lleva el pulso mes a mes de la disposición alimentaria en el país, durante el año 2020, el sector privado nacional aportó 91% del total de los alimentos que se consumieron en el país. El Estado asistió con 9% y lo hizo, principalmente, a través del programa de distribución de alimentos CLAP. Arciniega, director ejecutivo de esta ONG, señaló que en 2020 el país tuvo una disposición de alimentos mensual de 449.586 toneladas métricas en promedio, lo que representa 44% del requerimiento de alimentos: “Eso implica un salto importante con respecto a 2019, año en el que el país tuvo apenas el 36% de los alimentos que requería. Hubo más alimentos en el año 2020, casi 2 millones de toneladas métricas más de alimentos con respecto a 2019. El país llegó a las 5.173.000 toneladas métricas, y le faltaron 6.898.000 toneladas métricas. Vemos un avance si lo comparamos con 2019, cuando faltaban dos tercios. Hoy falta el 55” (22).
Arciniega señala que este incremento de la disposición de alimentos del año 2020 respecto al año anterior se debe, principalmente, a dos razones. La primera, se debió a la reactivación progresiva de las actividades del sector agroindustrial de alimentos y la segunda, al aumento de las importaciones directas, “las importaciones son el 82% del plato de comida del venezolano. El campo venezolano aporta apenas el 18% de lo que se come en el país” (22). Ello dice mucho sobre la ausencia de soberanía alimentaria y apunta a una mayor iniquidad y desigualdad en cuanto al acceso alimentos por parte de los venezolanos: “Un tercio de los consumidores tienen capacidad adquisitiva para hacerlo. La desigualdad en Venezuela está en el plato de comida, qué tiene y cuánto pesa, y esto tiene que ver con quien tiene dólares y quien tiene bolívares. Quien tiene dólares accede al mercado de alimentos y quien tiene bolívares tiene el riesgo de la desnutrición”, afirma Arciniega (22).
La pandemia del COVID-19 ha desvelado las debilidades y deficiencias del sistema de alimentación en Venezuela, así como también las del sistema de salud y ha potenciado la crisis de estos dos sistemas. Ello ha sucedido en todas las sociedades y se profundiza aún más en el país debido a que estas deficiencias vienen manifestándose desde por lo menos el 2015, sin que se tomen las medidas pertinentes.
El último Informe de Situación sobre Venezuela realizado por OCHA (United Nations Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs-27-07-2021), reporta la detección de casos de desnutrición en 22 de las 23 entidades federales y en el Distrito Capital. Señala que, durante los meses de abril y mayo, se registraron, por estado, más de 200 casos de desnutrición aguda moderada a través de mediciones antropométricas en los centros de atención y también se identificaron más de 100 mujeres embarazadas con bajo peso en cada uno de los estados de Anzoátegui y Bolívar. Además, indica que, dada la prioridad que se le está dando a la COVID-19, se siguen registrando casos de desnutrición que no están siendo ni recibidos ni tratados en algunos centros de salud del país (19).
Por otro lado, este Informe refiere datos del Informe Inter-agencial “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI 2020) en donde se señala que el costo de una dieta saludable en Venezuela es el más alto del mundo, tiene un valor promedio de 3,98 USD al día por persona. La hiperinflación y la depreciación de la moneda nacional limitan la capacidad de las personas para acceder a los alimentos. Una de las consecuencias de esta situación es la prevalencia de la subalimentación. 9,1 millón de venezolanos consumen menos de 1,800 Kcal/per cápita/día (19).
La precariedad y el deterioro de los servicios básicos deja a las familias pobres en un estado de vulnerabilidad cuando el Estado no las provee de estos servicios y las expone a peligros que deterioran su salud, vulnerando los derechos básicos al acceso a agua potable, a electricidad, gas, gasolina, entre otros servicios básicos. Venezuela es el octavo país del mundo con reservas probadas de gas (19) pero desde hace seis años su suministro es muy irregular y en algunas zonas del país inexistente y esto se ha agudizado con las deficiencias del servicio eléctrico y con la escasez de gasolina y gasoil que obstaculizan la poca distribución que pueda haber. La mayoría de los hogares venezolanos cocinan con gas doméstico, ante la escasez y los altos precios de las bombonas de gas se han visto obligados a cocinar con leña. Durante el mes de octubre de 2020 hubo 431 protestas por reclamos de gas doméstico. De acuerdo con la información registrada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, durante junio de 2021, 34% de los encuestados reciben los cilindros individuales de gas doméstico, cada tres meses o más, por ello se ven obligados a recurrir a la leña para cocinar. Esta situación ha obligado a los usuarios de este servicio a manifestarse protestando (23).
Tener que cocinar con leña por no tener acceso al servicio público de gas doméstico o a la electricidad, obliga a que los hogares estén expuestos al humo, y más en sitios cerrados, lo que produce afecciones y otras enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Por otro lado, esto tiene un impacto ambiental, ya que se están afectando áreas naturales y degradándose las cuencas por la deforestación lo que puede aumentar los riesgos de deslaves, como consecuencia de las lluvias.
La deficiencia, falta de acceso y baja calidad del agua ha ido aumentando. El porcentaje de hogares sin acceso al sistema de acueductos se incrementó desde 19% en 2015 a 23% en 2020. Asimismo, hubo un aumento de los hogares sin abastecimiento diario de agua por acueducto durante este mismo período de 36% a 75% en 2020 (7).
Esta misma encuesta registró que el 90% de los hogares reportó interrupciones del servicio eléctrico. Una de las conclusiones del análisis de los datos recogidos por esta encuesta señala que el colapso de los servicios básicos es una de las principales causas del incremento de la pobreza en Venezuela que aunado al deterioro de los ingresos y la precarización del empleo impactan de manera negativa en la seguridad alimentaria y nutricional de la mayoría de la población.
El problema básico con la sostenibilidad de los diversos programas sociales implementados durante estas dos últimas décadas tiene que ver con la alta dependencia de estos con la renta petrolera. Por otra parte, está el extremo descuido en cuanto a la calidad institucional de la gestión de lo social durante estas décadas en las cuales se ha instalado una acrecentada tendencia hacia la inefectividad de la intervención social del Estado y un agravamiento de la desprofesionalización de la administración pública. Ausencia de planificación y de evaluación desnudan las grandes y graves limitaciones de la gran mayoría de estos programas.
Aun cuando las misiones sociales tenían como objetivo ampliar las coberturas de la protección social de los sectores populares en materias como educación, salud, alimentación y trabajo, sus resultados no han sido los esperado y tampoco han provocado cambios sustantivos, estructurales, perdurables de la situación social de los sectores más desfavorecidos. Las misiones fueron construidas al margen de la institucionalidad pública convencional y el ejecutivo estuvo continuamente creando nuevos organismos, ministerios, programas y planes sociales que se solapaban y muchos de ellos no contaron con un presupuesto. Lo que se observa es un abandono progresivo de la gran mayoría de estos programas y planes sociales y el resultado está a la vista, hoy tenemos un país declarado en 2015 por las Naciones Unidas en situación de emergencia humanitaria compleja, situación que continua, agravada con la pandemia de COVID-19, en 2021.
En la presentación realizada por Gita Gopinath (21), economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre las previsiones de crecimiento económico mundial, se anunció que se espera que la economía venezolana se contraiga 10% durante este año 2021, siendo así, el único país de Latinoamérica que registre contracción económica. El pronóstico es que el crecimiento económico mundial estará en torno al 6%; y el esperado para Latinoamérica y el Caribe en 4,6%. Por otro lado, este organismo proyecta que 95 millones de personas en el mundo, caerán en situación de pobreza como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. Con estas previsiones del FMI, Venezuela estaría cumpliendo, ocho años consecutivos de recesión económica, solo superados por Tayikistán con nueve años y Liberia con 17.
La economía venezolana sigue transitando una recesión que se inició en el año 2013 y hasta la fecha su PIB presenta una caída acumulada de más del 70%. Esta situación se desarrolla en conjunto con una hiperinflación que diluye, muy rápidamente, los ingresos de los venezolanos lo que tiene como principal consecuencia una disminución acelerada de su calidad de vida. Esta recesión afecta el empleo y repercute directamente en la seguridad alimentaria y nutricional de todos los venezolanos, pero ello impacta con más fuerza a las poblaciones vulnerables.
Por un lado, la pandemia del COVID-19, ha desencadenado cambios coyunturales y profundizado la magnitud de los problemas estructurales en todas las sociedades. Definitivamente, ello tendrá efectos negativos, diferenciados, en los avances asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Entre los principales efectos negativos están la dificultad para erradicar el hambre, aliviar la pobreza extrema, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Los efectos de esta pandemia generarán consecuencias a largo plazo difíciles de revertir. Por el otro lado, la pandemia ha mostrado diferentes facetas de la violación de los derechos humanos, de cómo los gobiernos la utilizan para afianzar su poder de represión y entorpecer la cooperación internacional; la discriminación y la desigualdad han venido aumentando en todas las sociedades.
Ante este panorama, el derecho a la seguridad alimentaria debe ser asumido por los legisladores con urgencia lo que implica facilitar el acceso a alimentos suficientes, de calidad y nutritivos para todos y que estén disponibles en todo momento en el país.
La presencia de la ayuda humanitaria podría ser una oportunidad para incidir en medidas que optimicen los recursos, poder dirigirlos, en primera instancia, a las poblaciones de las zonas geográficas más desamparadas y rezagadas del país. Es necesario complementar los insumos alimenticios contenidos en el programa CLAP, regularizar su distribución y ampliarlo a los sectores vulnerables y comprobadamente en situación de inseguridad alimentaria. A estos sectores se les está violando su derecho a la alimentación sana y condenándolos a la hambruna.
Es necesario desarrollar políticas públicas dirigidas a hacer frente a la inseguridad alimentaria, a la malnutrición y al hambre. Estrategias que estimulen el empleo y fortalezcan los ingresos, especialmente los de las mujeres, que como es conocido, es uno de los grupos de la población que enfrenta altos riesgos de inseguridad alimentaria y esta aumenta cuando la mujer está embarazada o está lactando.
Es inaplazable el desarrollo de medidas que mejoren la producción y el acceso físico a los alimentos de calidad, así como la asistencia dirigida a fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones locales e instituciones públicas que trabajan en la seguridad alimentaria y nutricional, construir alianzas entre estos dos sectores es primordial. Por otro lado, es perentorio dotar de insumos para la siembra, distribución de semillas, herramientas, equipos, maquinarias necesarias para la agro producción a los productores de alimentos al mismo tiempo, establecer mecanismos de transferencia directa a los hogares vulnerables a los trabajadores agroalimentarios.
Asimismo, es decisivo implementar políticas públicas y construir alianzas con grandes, medianos y pequeños empresarios comprometidos con el desarrollo alimentario del país dispuestos a generar soluciones compartidas, orientadas a la producción de los alimentos de calidad necesarios y de fácil acceso para la población.
Entre otras medidas es importante fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, atención nutricional, estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria enfocados, principalmente, a lograr cambios de comportamiento y reducir los riesgos a enfermedades, pero también para evitar la malnutrición.
Diseñar mecanismos dirigidos a garantizar el buen y regular funcionamiento de los principales servicios públicos (combustible, luz, gas doméstico, agua potable) que impactan de forma directa en los hogares a la hora de cocinar los alimentos, además, la escasez de combustible afecta directamente los costos de producción y aumentan los precios finales de los alimentos.
Recibido: 20-08-2021
Aceptado: 08-09-2021