https://doi.org/10.54624/2021.34.1.001
En América Latina y el Caribe en 2020, la pandemia de COVID -19, ha provocado la caída de la economía, que según estimaciones de la CEPAL, será responsable de la peor crisis social en la historia de la región con millones de nuevos pobres y desempleados.
Los efectos de la pandemia en Venezuela vinieron a sumar mayores problemas en la economía, incrementando el desempleo, la inestabilidad económica y la falta de insumos para la producción de alimentos. La inflación de los alimentos se situó en un increíble 1,700 por ciento al final de 2020, como consecuencia de la depreciación constante del Bolívar y la dolarización espontánea y parcial de la economía, que ha generado mayor desigualdad entre los que reciben remesas en moneda extranjera, 11% de los hogares según ENCOVI 2019-2020 y la mayoría de la población que no tiene acceso a este beneficio.
Esta situación se magnifica, como consecuencia de una severa y generalizada crisis de servicios públicos y la escasez de combustible, que han afectado las actividades agrícolas y el transporte de los alimentos a los centros de distribución, lo cual limita aún más, el acceso a los alimentos y además algunas áreas de la economía han resentido el efecto de las sanciones.
Entre las estrategias para afrontar la crisis, se encuentran, el consumo de alimentos más baratos, saltarse comidas, servir porciones más pequeñas, gastar sus ahorros y vender los activos para comprar alimentos. Por su parte, los adultos han reducido el consumo para que los niños y adolescentes puedan comer y han diversificado tanto los trabajos como la jornada laboral. Del mismo modo, durante la pandemia las familias han priorizado la compra de alimentos frescos cercanos a su lugar de residencia, debido a las restricciones para la movilidad y el costo del transporte.
En estas circunstancias, el patrón de alimentación está determinado por la capacidad económica para acceder a los alimentos que requiere la familia, lo que establece profundas brechas en la alimentación según la condición, social y económica. Mientras que, el incremento en la inseguridad alimentaria va a depender del agotamiento extremo de los medios de vida, que pueden precipitar una situación crítica de hambre.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Stampini et al BID-2021) con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2019, estima que los venezolanos consumen en promedio 1.859 calorías per cápita al día, 10% por debajo del requerimiento calórico promedio en la región de 2.075 calorías (CEPAL 2018). Igualmente señalan que los hogares que reciben remesas consumen en promedio 2.152 calorías diarias, en contraste, los hogares sin remesas consumen 1.822 calorías diaria”. Además encuentran que el consumo de nutrientes aumenta a medida que aumenta el quintil de ingreso y en los hogares que reciben remesas, la alimentación es más diversa y son menores las limitaciones de acceso a alimentos.
Otros estudios señalan el impacto positivo que ha tenido la dolarización y la apertura del sector privado en el pago de salarios en moneda extranjera superiores a los del sector público. Esto ha permitido que la seguridad alimentaria haya mejorado en estos grupos. Sin embargo, se desconocen los registros oficiales sobre cuantos hogares se encontrarían en esta condición.
Dentro del plan de ayuda humanitaria, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP) inició su programa de comidas escolares en Venezuela, en la modalidad de raciones para llevar a casa para niños y niñas en 277 escuelas preescolares y su personal en todos los municipios del estado Falcón. La ración mensual para el menor de 6 años contiene 6 kilos de arroz, 4 kilos de lentejas, 454 gramos de sal yodada y 1 litro de aceite vegetal. Esta ración, la recogen las madres, padres o tutores en la escuela donde estudian sus hijos e hijas.
La meta es atender a los menores de 6 años, en las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria, las cuales, fueron identificadas en la encuesta de 2019. El programa se ampliará progresivamente a otros estados venezolanos para llegar a 185.000 personas para fines del 2021, 850.000 para fines del año escolar 2021-2022 y 1,5 millones para fines del año escolar 2022-2023.
Todas estas iniciativas, tienen un impacto positivo pero limitado. El clamor del país es que se puedan resolver los nudos críticos de la inseguridad alimentaria para que esta nación otrora próspera, recupere el camino del bienestar.
Maritza Landaeta-Jiménez
Editora