Editorial

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La relación entre el costo de la Canasta Normativa de alimentos y el monto del salario mínimo ha sido variable en Venezuela. De acuerdo a las estadísticas que se manejaban en el Consejo Nacional de la Alimentación (1995-2002), durante el lapso 1990-1999 el salario mínimo se mantuvo por debajo del valor de la canasta, generalmente con una diferencia entre ellos de 10-20%. Entre 1995 y 1997, período de aplicación de la llamada Agenda Venezuela, dicha diferencia aumentó apreciablemente, y el salario mínimo sólo cubría el 40-50% del costo de la canasta. Hacía el final de la década, el salario mínimo se acercó de nuevo al precio de la canasta. En el bienio 2000-2002, por primera vez en mucho tiempo, el salario mínimo superó, ligeramente, el costo del conjunto básico de alimentos necesarios para alimentar a una familia de 5 miembros. Durante la primera década de Siglo XXI, un período de abundantes ingresos petroleros, se intentó mantener la paridad entre ambos indicadores y temporalmente aumentó el acceso físico y económico a los alimentos. El Ingreso familiar medio, donde por lo menos dos miembros de una familia tenían empleo, hacía que ésta pudiera cubrir sus necesidades básicas, aunque sin capacidad para ahorrar o asumir gastos exagerados. La inestabilidad política causada por las reformas gubernamentales, como por ejemplo la aprobación de la ley de tierras, provocó que, progresivamente, esa relación se fuera deteriorando y el aporte del salario dejó de satisfacer las necesidades de alimentación del grupo familiar. La implementación de drásticas medidas económicas, como un estricto control de cambio y la inseguridad jurídica derivada de la invasión y expropiación de predios agrícolas y pecuarios, industrias y edificaciones habitacionales, afectaron a los principales sectores productivos del país. Con ello, no sólo el costo de los alimentos se elevó desmesuradamente, sino que atravesamos un largo período de escasez de alimentos y otros productos básicos. La distorsión entre la oferta y la demanda y la política de control de precios condujo a la aparición de largas colas frente a las bodegas y supermercados, el acaparamiento de productos de primera necesidad y el mercado negro donde se adoptó el dólar estadounidense como moneda de tasación, frente a la galopante devaluación del bolívar que ha conducido a tres reconversiones monetarias. En consecuencia, el costo de la canasta de alimentos básicos acompañó a la espiral inflacionaria, mientras el salario mínimo cayó a montos irrisorios, incapaces de cubrir las necesidades básicas de la población, no sólo en lo tocante a la alimentación, sino también a la salud, vivienda, vestido y transporte. A ello se sumó la crisis de los servicios (electricidad, agua, gas doméstico y gasolina) y el aumento de la delincuencia y la inseguridad, parámetros ellos que caracterizan la grave crisis económica y social que todavía azota al país y han sumido en la pobreza y la desnutrición a la mayoría de la población y ha motivado la emigración de millones de venezolanos. No en balde, Venezuela atraviesa un período de emergencia humanitaria que ha requerido de la intervención de organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos y la UNICEF. A lo largo del último año vivimos el espejismo de la recuperación económica, con la proliferación de bodegones rebosantes de productos importados y de tiendas de electrodomésticos y artículos de gran lujo. En contraste, la devaluación galopante de nuestro signo monetario, ha derrumbado estrepitosamente el salario mínimo y se necesitan más de 50 de ellos para, según el CENDAS, cubrir el valor de la Canasta Alimentaria Familiar que utilizan en sus evaluaciones.

El largo párrafo precedente demuestra que es posible hacer una radiografía de la evolución socioeconómica del país en base, casi exclusivamente, a la relación entre el salario y el costo de los alimentos. No obstante, un análisis más detallado requiere abordar los atributos y características del Sistema Alimentario que, de manera formal e informal, opera en el país.

El Consejo Nacional de la Alimentación, con el concurso de un grupo multisectorial y multidisciplinario, coordinado por el Ingeniero Agrónomo Gustavo Rodríguez, diseñó un esquema que bosqueja las principales interrelaciones del SAV. En la parte central se consideran los principales atributos de sistema (Disponibilidad, Suficiencia, Accesibilidad, Autonomía y Estabilidad) relativos a la oferta de alimentos y su correspondencia con la población a los cuales éstos están destinados. En el sector superior izquierdo se consideran los factores de carácter socioeconómico que impactan el Abastecimiento y Consumo de alimentos, dos de los condicionantes básicos de la Seguridad Alimentaria. El panel superior derecho aborda los aspectos nutricionales, los requerimientos, patrones de consumo, índices de malnutrición, educación y vigilancia nutricional. El panel inferior se enfoca en los aspectos relativos a los Circuitos Agroalimentarios: Producción, Comercialización, Distribución, Procesamiento, Transformación artesanal e industrial, así como los aspectos Financieros y Macroeconómicos que se derivan de las políticas públicas implementadas. La Balanza Comercial considera además el impacto de las importaciones y exportaciones de alimentos enmarcados en los acuerdos comerciales y el marco regulatorio nacional e internacional. Finalmente, el sector central derecho considera la acción en casos de contingencias y situaciones de emergencia, los cuales podrían llegar a afectar la Seguridad y Soberanía alimentarias. Un aspecto que, en el esquema, no se aborda explícitamente se refiere a los aspectos de calidad e inocuidad de los alimentos, elementos que han sido siempre condicionantes básicos de la seguridad alimentaria.

En las últimas décadas del Siglo XX, el crecimiento de la agricultura en Venezuela fue casi vegetativo, porque la contribución de la producción nacional a la disponibilidad total de alimentos se mantuvo relativamente estable, aportando aproximadamente un 60% del total. Indudablemente, el país tiene un elevado potencial de producción de alimentos. Durante años se han diseñado múltiples programas de producción, esquemas de financiamiento y reformas del marco legal y regulatorio. No obstante, estos esfuerzos han sido poco exitosos debido a problemas de improvisación, falta de articulación de las políticas, ausencia de financiamiento sostenido, presiones de grupos de interés, falta de insumos y condiciones para el emprendimiento, inseguridad jurídica y personal, dificultades para el transporte y acarreo de mercancías, limitación para el almacenamiento de cosechas y productos manufacturados, así como también la importación masiva de alimentos, lo que ha limitado y, en algunos casos, impedido el funcionamiento armónico de los Circuitos Agroalimentarios y un desarrollo rural sustentable.

Tomando como marco de referencia la estructura y definición del Sistema Alimentario Venezolano, es posible evaluar la situación de la seguridad alimentaria: disponibilidad, suficiencia, autonomía, equidad, accesibilidad e inocuidad, con relación al impacto que sobre ellos puedan tener las políticas de abastecimiento (componentes nacionales e importados) y los esfuerzos que puedan realizarse para mejorar la productividad, la competitividad, la capacitación y el desarrollo rural sustentable. En los últimos años, sobre todo por la dolarización del sector agroalimentario y el establecimiento de precios poco solidarios, la disponibilidad y suficiencia de alimentos ha aumentado, pero ello ha ocurrido en detrimento de la autonomía, accesibilidad y equidad que debería garantizar el sistema. El desmantelamiento de las capacidades regulatorias de los entes estatales responsables ha determinado que el control de calidad e inocuidad de los alimentos ofertados esté, al menos, parcialmente comprometido con brotes ocasionales de intoxicación alimentaria, problemas de empacado y falta de cumplimiento de algunas regulaciones, como por ejemplo el enriquecimiento de las harinas de maíz y trigo consumidas en el país.

El SAV también considera la existencia y desarrollo de programas de acción social. En la actualidad se ha puesto poco énfasis en la implementación de las Guías de Alimentación en el marco de iniciativas de educación alimentaria y nutricional. La evolución reciente de los Programas Sociales Alimentarios ha ocurrido en detrimento, no sólo de los derechos de los consumidores, sino también de la calidad y diversidad de los alimentos incluidos en el programa. Hasta mediados del 2003 funcionó en el país el Programa de Alimentos estratégicos (PROAL). A través de sus puntos de venta se ofertaba una cartera de 8-10 alimentos básicos a precio subsidiado, de libre escogencia por el consumidor de acuerdo con sus necesidades y posibilidades económicas. Desafortunadamente, este programa fue abandonado y luego de una deriva por iniciativas poco exitosas como el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), el Mercal y el PDVAL, fue finalmente sustituido por el programa CLAP. La Caja CLAP incluye un conjunto de alimentos que se entregan empaquetados a un costo muy bajo, sin que el receptor pueda escoger los alimentos que recibe. Aunque, inicialmente, la selección de alimentos de la caja era sustancial y constituía un aporte importante a la alimentación y nutrición para sus beneficiarios, el desgaste del programa debido a la falta de controles y especificaciones basadas en las guías de alimentación y, sobre todo, a las limitaciones económicas, han reducido la oferta y variedad de los alimentos incluidos en la caja, concentrándose en aquellos que satisfacen principalmente las necesidades calóricas de los individuos. En cierta manera, el debilitamiento del CLAP es señal de la inoperancia del SAV.

Los sistemas alimentarios de muchos países han sido exitosos; otros, sin embargo, han sido poco eficaces y los pobladores de esos países se enfrentan al hambre, la mala calidad de la dieta, y la inequidad y pobre accesibilidad física y económica a los alimentos; además hay que tomar en consideración de las amenazas medioambientales asociadas a ciertas prácticas agrícolas y pecuarias, como las que conllevan a la ampliación sin control y sin consideraciones de sustentabilidad de los cultivos de palma aceitera o la contaminación por los residuos de macrogranjas de cerdos y pollos. Por ello se hace necesario armonizar el funcionamiento de los sistemas alimentarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas. La FAO publicó, en septiembre de 2022, el informe sobre el seguimiento de los ODS relacionados con la alimentación y la agricultura: ODS (1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 y 15). En él se analiza la evolución de los indicadores de estos ocho objetivos y, aunque se revisan aquellos en que hubo progresos, se enfatizan en aquellos sobre los cuales se deben renovar los esfuerzos para alcanzar las metas previstas.

En Venezuela, en cooperación con el sistema de Naciones Unidas (ONU/FAO), están en consideración alternativas para desarrollar modalidades de consumo sustentable para que todas las personas tengan acceso a alimentos saludables, dietas nutricionalmente apropiadas y que se produzcan de manera sostenible y resiliente, que sean respetuosos con la naturaleza y puedan brindar medios de subsistencia justos y equitativos para el bienestar de la población.

No es un secreto que el país sobrelleva una aguda crisis humanitaria que ha requerido la intervención de entes internacionales. El componente alimentario de la crisis es el más acentuado; además del hambre y la desnutrición, se ha producido un éxodo continuado de venezolanos hacia otros países, a veces afrontando grandes penurias para alcanzar sus destinos.

El patrón de consumo alimentario de los venezolanos se ha deteriorado tanto en cantidad como en calidad. Nuestra dieta es monótona, con escasa diversidad de alimentos y limitadas formas de preparación. La población consume habitualmente harina precocida, pasta, arroz, granos y aceite y, escasamente, carne, pescado, huevos y lácteos. No hace falta ser un experto para reconocer las carencias que entraña el mencionado patrón de consumo, donde casi no aparecen las frutas y hortalizas. Esta dieta, ciertamente, ofrece poca protección contra la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, cuya prevalencia en el país aumenta.

Es urgente el rediseño de las políticas públicas de alimentación y nutrición, pasando por las iniciativas de educación y promoción de una buena alimentación, el fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y factores conexos que favorezcan el funcionamiento armónico del SAV. Dado que los programas de alimentación y nutrición en Venezuela se centran en la oferta de alimentos calóricos, sería oportuno considerar la implementación de una canasta nutricionalmente satisfactoria, aunque en lo inmediato podían promoverse iniciativas alternas, como los bancos de alimentos, que aprovecharan recursos que las empresas destinan a sus programas de responsabilidad social, junto a los aportes de alimentos por parte de particulares y la sociedad civil en general. Aunque esas medidas de intervención son perentorias a tenor de la crisis que atravesamos, no debe abandonarse la necesidad de concienciar, a los sectores y agentes que operan en el contexto del SAV, para definir una dieta saludable que se traduzca en un conjunto de alimentos variado y nutricionalmente satisfactorio, pero que sean asequibles para todos los sectores de la población y constituyan una alternativa sustentable para satisfacer las pautas establecidos por los gobiernos y las agencias de salud pública. Más que una tarea inalcanzable, ello debería verse como una “ventana de oportunidad” para revitalizar y redimensionar la estructura y alcances del SAV. La clave está en el costo que tendría esa “canasta-saludable-sustentable”. Una dieta se considera inasequible si cuesta más del 63 % de los ingresos de un hogar. Obviamente, además de armonizar el ingreso familiar con el costo de los alimentos, también deberían de implementarse medidas de estímulo y promoción de la mencionada canasta, que pasaría a constituirse en un “programa-bandera”, no solo del gobierno, sino de la sociedad civil. Debe recalcarse, sin embargo, que no se trata sólo de un conjunto de alimentos no perecederos como se acostumbra habitualmente. Muy por el contrario, debe incluir frutas, hortalizas y otros vegetales frescos, de ser posible de producción local, de tal manera que sean económicamente asequibles y puedan llegar a los consumidores, incluidos los de menores ingresos, directamente desde los productores, sin el encarecimiento derivado de largas cadenas de comercialización.

Imagino la tristeza que sentirían los pioneros del desarrollo alimentario nutricional en el país (aquellos que crearon programas e instituciones para promover el estado de bienestar que se alcanzó décadas atrás, como el programa del vaso de leche escolar, los comedores escolares y populares, el Consejo Venezolano del Niño, los Institutos Nacionales de Higiene y Nutrición, las escuelas de Nutrición y Dietética, las Guías de alimentación y el Consejo Nacional de la Alimentación) al ver el franco deterioro de la situación alimentaria y nutricional del país. Es necesario actuar con premura. Antes se pudo. Ahora también. Se precisa una gran dosis de determinación, perseverancia, emprendimiento, sensibilidad y conciencia social. El país es de todos y el futuro son nuestros niños. Salvarlos del hambre, para que vuelvan a sonreír, es salvar a la República.

Dr. Andrés Carmona